Libros de Guías de estudio y revisión

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Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de... (COLECCION ALIENTA)
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Si bien el Código penal de mil novecientos noventa y cinco ha vivido una temporada de reposo y no había experimentado ninguna reforma en 3 años, esta etapa se ha roto en los pasados meses de febrero y marzo, con 2 modificaciones ?que elevan la cantidad total de reformas a 31. El peso de la Criminología para las reformas penales habría de ser significativo, en tanto que entre sus funciones se halla la de informar al legislador de la situación real del inconveniente que se pretende atajar, a fin de que mediante la Política delincuente, realice los cambios oportunos. Si es obvio que combatir una enfermedad o bien una epidemia demanda conocerla, lo mismo ocurre con el delito y las reglas penales. De hecho, jamás en España ha pedido el legislador un informe criminológico a este respecto. La ciencia penal de España prosigue siendo de las más avanzadas. Al tiempo, se observan cambios significativos en nuestras ciencias delincuentes. Por un lado, la llamada Dogmática jurídico-penal semeja haber entrado en una cierta crisis, por lo menos en el número de publicaciones que inspira. Al tiempo, la Parte singular ha adquirido un interés muy sólido y la producción científica en esta rama jurídica ha pasado a representar el rol protagonista. La Política delincuente ha avanzado asimismo mucho terreno, aunque aún muestra una cierta vaguedad sobre su naturaleza. Por otra parte, la Criminología científica prosigue sin despegar, entre otros muchos motivos por las contrariedades que prosigue encontrando. Si bien existe más de quinientos de profesores de Derecho penal, no existen en nuestras universidades plazas de criminólogos a pesar de que el Grado en esta disciplina se da en más de treinta Universidades. Como consecuencia, este Grado difícilmente puede lograr autonomía propia. ? Extraído del prólogo?.

Esta Convidación al federalismo brota del convencimiento de que la cuestión de las nacionalidades tiene que proponerse en España no solo con criterios jurídico-políticos, sino más bien sobre todo «en el terreno de la humana cordialidad», como con razón afirmaba aquel socialista que era Anselmo Carretero desde su exilio mexicano. Partiendo de este supuesto de que vale la pena «vivir juntos», los razonamientos expuestos en esta obra apuntan al Estado federal plurinacional, al que en España es tan esencial como urgente llegar. El cuadro de la realidad de España no puede limitarse a los trazos que pintan neocentralistas, por una parte, y también independentistas, por otro. Resulta necesario que se haga escuchar la voz del federalismo, abriéndose paso entre esas activas antagónicas, con su propuesta para la rearticulación del Estado de España. Un acuerdo político federal tiene que acompañar a la reforma constitucional que aparece como precisa. La dificultad del Estado de España demanda la voluntad de hacer viable, rehabilitando el Estado autonómico, su porvenir como Estado federal en el que la solidaria redistribución de cargas y beneficios y el reconocimiento de las lícitas diferencias puedan verse eficiente y justamente conseguidos. Para conformar en España un Estado federal plurinacional es preciso que el discute público se abra a la desmitificación de la soberanía y al replanteamiento de lo que supone la pluralidad de naciones para su realidad jurídico-política. Del mismo modo, aparte de clarificación ideal, se requiere coraje político para acometer todo lo que respecta al derecho a tomar decisiones en los procesos de legitimación del marco democrático y de derecho en el que tiene que desarrollarse nuestra vida so- cial. Charlar de ello es impulsar el federalismo social, cooperativo y pluralista como proyecto de convivencia democrática.

Esta obra pretende suministrar a los estudiantes universitarios de Economía y, específicamente, del Grado en Administración y Dirección de Empresas, las nociones jurídicas básicas que les dejen conocer y entender el régimen jurídico privado en que deben desarrollar la actividad empresarial. El propósito específico, tras la introducción de las nociones jurídicas básicas, es conocer los principios generales que configuran el modelo económico de España, las reglas que regulan el mercado, con la intención de velar por los intereses que en exactamente el mismo concurren: protección de los usuarios, propiedad industrial, derecho de la competencia; estatuto jurídico del empresario y las formas de ejercicio de la compañía (empresario individual y empresario social), los primordiales instrumentos jurídicos que se usan en el tráfico económico; y, por último, las situaciones de crisis empresarial y sus soluciones. En consonancia con este planteamiento, los temas se han elaborado tratando siempre y en toda circunstancia de buscar en cada uno de ellos de ellos, y conforme con su contenido, el equilibrio que en todos y cada caso parecía más conveniente entre la máxima sencillez y claridad posible en la exposición y el preciso rigor científico propio de unos estudios con rango universitario.

Bienvenido al planeta del Letrado Secreto. Estas son las historias de la vida en el tribunal, en ocasiones entretenidas y frecuentemente enternecedoras. ¿De qué forma puedes proteger a un pequeño abusador que sospechas que es culpable? ¿Qué le afirmas a alguien condenado a diez años de prisión que piensas que es inocente? ¿Qué es la ley y por qué razón la precisamos? El sistema judicial y las leyes pueden de forma frecuente semejarnos un planeta extraño y también inescrutable, vinculado a la vida rutinaria solo mediante determinados documentales de noticias y dramatizaciones televisivas llenas de licencias artísticas. El letrado secreto desea mostrarte de qué manera es verdaderamente este sistema y por qué razón es verdaderamente esencial.

La presente obra trata un inconveniente extendido por todos y cada uno de los países y sería de obligada consulta para profesionales del periodismo, juristas, miembros de los cuerpos de seguridad y para todas y cada una aquellas Universidades del planeta donde la capacitación más actualizada fuera uno de sus principios. en este libro se fusiona la amplia experiencia de una cronista y una jurista, consiguiendo aportar a los dos mundos sus conclusiones.

En esta SEXTA EDICIÓN se ha revisado el texto y se ha actualizado incluyendo las modificaciones precisas para la integración de la Ley 14/2013, de veintisiete de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; la Ley 3/2014, de veintisiete de marzo, por la que se altera el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Usuarios y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el R. D. Legislativo 1/2007, de dieciseis de noviembre; la Ley 31/2014, de tres de diciembre, por la que se altera la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo; y la Ley 5/2015, de veintisiete de abril, de promuevo de la financiación empresarial.

Genética forense. Del laboratorio a los Tribunales es una obra en la que han participado múltiples autores. Los profesionales que han contribuido a la preparación de los diferentes episodios de este libro, son especialistas de una dilatadaexperiencia profesional, de contrastada solvencia y reputación internacional,lo como garantiza la calidad y rigor de esta obra. Genética forense. Del laboratorio a los Tribunales está pensada para servir de apoyo y consulta a los diferentes colectivos que, desde diferentes perspectivas, puedan estar interesados en esta disciplina de las Ciencias Forenses: estudiantes, profesionales delcampo científico y del campo jurídico, como miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad. La obra recoge durante sus veinte episodios los temas y aspectos que ahora resultan indispensables para comprender las aplicaciones y restricciones que la prueba genética ofrece. Los episodios de este libro que el lector tiene en sus manos, han sido elaborados con el propósito de enseñar las últimas actualizaciones metodológicas y también interpretativas que son de reciente aplicación en este campo, como las tendencias cara las que la Genética Forense pasea con paso firme.Además, la visión práctica que muchos episodios trasmiten aspira a ofrecer al lector una perspectiva real del empleo de la prueba de ADN.

La filosofía del Derecho actual se identifica por el giro argumentativo que contempla el conjunto de los fenómenos jurídicos desde la perspectiva de la persuasión racional. En este nuevo contexto, se hacía indispensable ofrecer a los juristas una orientación teorética y práctica para enfrentarse con lo que forma el núcleo de su actividad profesional: argüir judicialmente. Este Curso edifica una teoría unificada de la argumentación jurídica desde 3 perspectivas distintas: la formal (o bien lógica), la material y la pragmática, y trata las 3 preguntas esenciales de la práctica jurídica: de qué manera examinar una argumentación, de qué forma valorarla y de qué forma argüir. La exposición se acompaña de abundantes materiales (sentencias, textos de pensadores del Derecho, de pensadores sin más ni más, de juristas teóricos o bien prácticos, polémicas o bien artículos de prensa) en los que se desarrollan o bien se problematizan los puntos primordiales anteriormente presentados de forma sintética y sistemática.

En nuestros días existe sin duda una enorme preocupación social en torno a las sanciones aplicables en los presuntos de fraude a usuarios, inversores y, en otro orden, casos de corrupción pública. Para examinar esta problemática tan actual, se ha decidido partir exactamente de casos reales que han alcanzado una enorme fama en los últimos tiempos, con el propósito de examinar la pertinencia de las reglas existentes para tratar estos supuestos, abordando los inconvenientes interpretativos que proponen los preceptos aplicables con relación a los fraudes a consumidores/inversores y la corrupción, y atendiendo a las tendencias legislativas actuales en estas materias. De esta forma, se examinan figuras como la estafa, las falsedades en la publicidad o bien en los mercados de valores, la financiación ilegal de los partidos, el fraude fiscal, y otras infracciones contra la Administración pública como el cohecho o bien el tráfico de influencias. El examen de semejantes figuras desde una perspectiva práctica, aplicada a ciertos casos que han tenido gran trascendencia en los medios, forma una panorámica diferente lugar desde el que observar de qué manera el Código penal, y asimismo en ciertos casos las reglas extrapenales, tutelan el patrimonio de los consumidores/inversores y el adecuado funcionamiento de la Administración pública.

La Ley 2/2013, de veintinueve de mayo, de protección y empleo sustentable del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de veintiocho de julio, de Costas, reúne como pocos proyectos legislativos una visión antagónica de una realidad que es esencial para la sociedad y economía de España. Esta antítesis, no es nueva. El Reglamento General de Costas, R. D. 876/2014, de diez de octubre, «tiene indudable vocación de cooperar con la ley para resguardar el dominio público marítimo-terrestre», y pretende ser «un instrumento eficiente en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica», y para lograrlo, examina ciertos aspectos del Reglamento de mil novecientos ochenta y nueve. El contenido básico de la reforma (ley y reglamento) se sosten en 3 apartados: protección del litoral, incremento de la seguridad jurídica de todas y cada una de las personas y empresas perjudicadas, conciliación de las diferentes actividades que concurren en el litoral. No obstante, la modificación normativa implica, por lo menos, la necesidad de abordar abundantes aspectos que resultan capitales: las determinaciones ideales, la servidumbre de protección, el deslinde, la protección medioambiental de ciertos ecosistemas -con una singular afectación en marismas, salinas, dunas o bien barrancos-, la ampliación de las concesiones a setenta y cinco años, el rescate o bien expropiación de los derechos concesionales, la exclusión del dominio público marítimo terrestre de núcleos independientemente de que la ocupación sea con título o bien sin él, legales o bien ilegales, el derecho de reintegro, la suspensión gubernativa de actos y pactos adoptados por las entidades locales, el régimen jurídico de ciertas playas, puestos y adscripciones, y el interés especulativo de un ambiente altamente sensible. Mas no terminan ahí las consecuencias de la reforma, puesto que el mantenimiento de un régimen consustancialmente intertemporal, esto es, el régimen de la doble transitoriedad, agrega dificultad auxiliar a una materia que implica a todos y cada uno de los juristas del orden contencioso-administrativo, civil, constitucional y un largo etc. de especialidades inherentes o bien asociadas al litoral y a la costa.

Pocas materias en el planeta del derecho nos ofrecen a los profesionales una casuística tan rebosante como es la relativa a la responsabilidad civil. Y más hoy día, donde la demanda y reclamación de responsabilidades civiles de todo género se han aumentado por la proliferación de situaciones de peligro, o bien por un exceso en reclamaciones de esta naturaleza. Por este motivo, esta obra, de carácter principalmente práctico, pretende profundidzar en todas y cada una de las ramas en donde brotan dudas sobre cuestiones atinentes a la responsabilidad civil. En este sentido, para un seguimiento más diligente de las incertidumbres que se proponen al profesional, se ha elaborado un índice sistemático en el que se han reflejado todas y cada una de las preguntas que constan en esta Guía práctica y que van a hacer al lector de esta obra considerablemente más simple la ubicación de la contestación que deseen conseguir a la duda surgida. Con las extensas posibilidades que ofrece una obra de este género con este contenido, se ha tratado de concentrar todas y cada una de las áreas donde existen dudas sobre esta materia, y enfocando las cuestiones que a los profesionales se les proponen, ofertando la contestación que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de las Audiencias Provinciales da a cada uno de ellos de los presuntos prácticos que se desarrollan, y también procurando buscar la unificación de criterios en el carácter práctico y eficiente para el trabajo del lector, que persigue esta obra.

El presente libro forma una investigación sistemático del régimen jurídico- administrativo del fármaco en los Derechos comunitario y de España, que desde la indicada perspectiva ofrece al lector una reflexión global a este respecto y fija los pilares ideales de la materia. Se toma como punto de inicio la evolución social, histórica y jurídica de la Farmacia hasta nuestros días, que ayuda en buena medida a entender el surgimiento de un Derecho Farmacéutico formado por una rebosante y compleja normativa administrativa. Seguidamente, desde un enfoque integrado y sosteniendo un equilibrio entre lo jurídico y lo farmacéutico, el creador concreta el cuadro general de las múltiples formas de la intervención administrativa sobre el fármaco, que engloban todo el «ciclo de vida» del mismo, y aborda con rigor y seriedad aspectos nucleares de esa intervención administrativa como el régimen de los fabricantes, la evaluación anterior a la autorización de fármacos, los procedimientos de autorización y registro y el régimen de la publicidad. Además, se ahonda en aquellos aspectos de la realidad jurídica más conflictivos, y todo ello desde esquemas generales del Derecho y propios del Derecho Administrativo.

Estudio detallado de las costas procesales. El creador examina con detalle la extensa problemática que las costas procesales provocan en la normal tramitación de los procedimientos judiciales. En tal sentido, en la obra se examinan de forma detallada todos y cada uno de los preceptos que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se dedican a la regulación de la tasación de las costas, su tramitación y posibles impugnaciones con las particularidades de todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales. Merece destacarse, sobre este particular, la integración de las últimas tendencias jurisprudenciales sobre los conceptos incluibles en las tasaciones de costas y los criterios empleados en los presuntos de impugnación. Al lado del estudio de la tasación de costas y sus detalles, el creador examina los otros procedimientos ligados íntimamente a las costas procesales: los de forma tradicional llamados procedimientos de jura de cuentas y ahora llamados cuentas de abogados y procuradores. De modo detallado, como en el caso del estudio de las tasaciones de costas, en la obra se aborda el estudio de estos procedimientos sumarios singulares, su problemática, exactamente en qué supuestos procede y en cuáles están excluidos. De forma asimilativa, asimismo se trata la provisión de fondos a los procuradores. Toda esta exposición se complementa con las últimas referencias jurisprudenciales, como aquellas sentencias que en un instante específico formaron un jalón en la concepción y regulación de las costas procesales. La obra cuenta con un apartado dedicado a casos prácticos, donde se recogen ciertos modelos, los más frecuentes, de solicitud, resolución y tramitación de la tasación de costas y el resto de los procedimientos.

Al principio de la obra, Lluís MUÑOZ SABATÉ hace una concisa relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han empleado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito -de esta forma, Filesa, Roldán, la capital de España Arena, EREs de Andalucía, Emperador, Noos, Malaya, Gürtel, Blasco o bien Vencedor-. Tan simple enumeración pone en patentiza la participación poco a poco más usual de personas interpuestas para la ocultación de la auténtica personalidad que subyace tras un patrimonio que desea sustraerse al examen de legalidad. Con todo, a pesar de su proliferación en estos últimos tiempos, el testaferro apenas ha recibido atención por la parte de la doctrina. Y, no obstante, es indiscutible que desde la perspectiva del Derecho es una cuestión que presenta un singular atrayente, especialmente en lo referente a la prueba, puesto que por su entidad, tiene su razón de ser en hacer opaca la estructura bajo la que se oculta el criminal que pretende burlar los controles establecidos en las reglas. Es por este motivo con lo que la monografía disfruta de matices únicos que destacan su valor: actualidad, determinación para encarar el estudio de un tema escasamente examinado, profundización en el aspecto esencial del inconveniente -su prueba y los medios ideales para desenmascarar la trama tramada- y una dilatada exposición de los criterios de la jurisprudencia. En suma, un libro preciso para perseguir los delitos económicos y a sus auténticos autores, ocultos tras un testaferro.

La presente monografía tiene por objeto examinar, a través de una aproximación esencialmente procesal, los aspectos más conflictivos que se proponen en el campo del Derecho concursal, tanto en su vertiente puramente procesal como en la preconcursal. El hilo argumental de la obra pone el foco en 4 cuestiones centrales: instituciones preconcursales; jurisdicción y competencia; proceso concursal laboral; y calificación y responsabilidad concursal. Esta heterogeneidad se proyecta sin perder de vista cada una de las consecutivas reformas que lleva acometiendo el legislador, la última de ellas de veintisiete de febrero de dos mil quince. Desde la experiencia aportada por los autores, se concibe el Derecho concursal como una disciplina de naturaleza interdisciplinar: jurisdiccionalista, en atención al Derecho concursal como proceso; mercantilista y civilista, por las implicaciones jurídico-materiales que lleva consigo todo sujeto concursado por medio de sus diferentes relaciones jurídicas externas; laboralista, a juzgar por las especialidades procedimentales previstas para el tratamiento de los trabajadores dependientes del sujeto concursado; y fiscalista, a la vista de las obligaciones fiscales que sobreviven en sede concursal. Entre otras muchas muchos interrogantes que se despejan durante la obra cabe contar cuestiones tan comunes y discutidas como: ¿Qué elementos dejan formar una clase de acreedores? ¿Qué ocurre si el deudor omite, así sea por fallo o bien maliciosamente, determinados pasivos en la documentación de su petición ex- art.232.2 LC? ¿Compete a la Administración concursal la resolución última sobre el quantum dinerario de una remuneración en especie? ¿En qué momento debe considerarse que un proceso ejecutivo ya ha sido comenzado de antemano al Auto declarativo de concurso, para de esta manera limitar el campo temporal del art.56.1 LC? ¿Qué pasaría si el pacto contase con el sesenta y cinco por ciento de apoyo de los acreedores financieros titulares de garantías reales, mas incluso de esta forma no alcanzara el cincuenta y uno por ciento del total de pasivo financiero? ¿Qué situación cabe adoptar frente a un proceso comenzado de antemano al concurso y sobre el que, una vez resuelto mas no firme, se pretendiese por el sujeto concursado interponer un recurso de apelación? ¿Puede un proceso penal suspenderse con motivo del concurso?.

La presente obra tiene como hilo conductor la influencia de la crisis financiera en las entidades financieras. Desde esta perspectiva se abordan, con un enfoque jurídico, las distintas medidas de saneamiento en el ámbito de las entidades financieras, como sus particulares consecuencias en la contratación y responsabilidad en el campo bancario. En lo relativo a las medidas de saneamiento, aparte del marco general de la reestructuración y resolución de entidades financieras, se tratan en profundidad medidas específicas, como el programa de asistencia europea a la Banca de España, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), la SAREB como vía de socialización de la crisis financiera y también inmobiliaria, las ayudas de Estado a las entidades de finanzas y aspectos de política retributiva en las entidades que han recibido apoyo público. En el campo de la contratación se estudian los inconvenientes concretos que plantea la contratación de ciertos productos (como los llamados «productos estructurados»), la protección del consumidor en las ejecuciones hipotecarias, y la contratación con empresas insolventes, incluyendo los pactos de refinanciación, de conformidad con la reciente regulación introducida por el RDLey 4/2014. En el capítulo de responsabilidades, se examinan 2 temas específicos de singular interés: la responsabilidad civil de las entidades tasadoras en el mercado hipotecario y la imputación jurídico-penal de los administradores y directivos de entidades financieras.

La presente obra se divide en 7 claras y limpias partes (Episodios), que se corresponden, en su estructura y contenido, con los Títulos homónimos en que del mismo modo se divide la actual Ley 22/2011, de veintiocho de Julio, de Restos y Suelos Contaminados. Las Disposiciones Auxiliares, Transitorias, Derogatoria y Finales con que cuenta dicha regla, como los múltiples Anejos que acompañan a exactamente la misma, han sido integrados en todos y cada uno de ellos de los Episodios, atendiendo a su relación, además de ocasión y conveniencia, con cada uno de ellos de ellos, al estimar que desde determinado punto de vista metodológico y sistemático, esta era para el lector la mejor de las soluciones posibles. Partiendo de semejante estructura hemos pretendido desde un comienzo y creemos haber conseguido por último, llenar un vacío existente sobre tal materia, siendo esta la primera obra que como Comentario Sistemático se haz sobre la actual Ley 22/2011, de veintiocho de Julio, de Restos y Suelos Contaminados. De igual forma, estimamos que hemos alcanzado el propósito de aproximar tan esencial y transcendente materia, desde el contenido educativo, no exento de rigurosidad y profundidad, tanto al público por lo general, como a los estudiosos y eruditos de semejante temática, y en esta, particularmente, los aspectos más novedosos y vanguardistas que comporta, al unísono que todas y cada una aquellas cuestiones discutidas o bien problemáticas, que desde otrora, o bien hoy día, se provocan en torno a exactamente la misma, que, como es sabido, integra y por mérito propio, se erige, en pieza esencial del Derecho Medioambiental.

La aprobación de la Ley Orgánica 7/2015, de veintiuno de julio, ha supuesto la transformación radical del recurso de casación contencioso-administrativo, el instrumento procesal más esencial del que nuestro ordenamiento jurídico dispone para hacer efectivos los principios de igualdad y seguridad jurídica en el marco de la actuación de las Administraciones públicas. El eje básico de la reforma se centra en la substitución del factor de la cuantía económica del proceso, hasta el momento empleado para acotar el grado de acceso al Tribunal Supremo, por el llamado interés casacional objetivo para la capacitación de jurisprudencia, como término abierto cuya determinación servirá al Alto Tribunal para elegir apropiadamente los temas que merezcan su pronunciamiento en razón a la utilidad que pueda suponer para la comunidad jurídica general, eludiendo con lo que, como hasta el momento ha sucedido, esa intervención se genere en aquellos pleitos que pese a su elevada entidad económica, carecen de esa trascendencia general, y dejando al tiempo que los que sí la tienen puedan ser examinados en casación pese a su reducida cuantía. Este cambio ha venido además de esto acompañado de la transformación del procedimiento que servía de soporte a precedente recurso, lo que unido a lo precedente demandará un esencial grado de esmero de adaptación de quienes de un modo o bien otro se ven perjudicados por la reforma. La presente obra trata de definir el esencial número de cuestiones que brotan de semejante renovadora reforma, procurando ofrecer en todos y cada caso la solución que bajo el nuevo modelo se considera procedente.

¿Por qué razón es adecuado que el titular de un derecho o bien expectativa especule con ella hasta el límite de su optimización ególatra? ¿Por qué razón es una intención ineficiente y también inmoral que se pretenda lograr un determinado estándar ético por medio de la manipulación del Derecho? ¿De qué manera debe reaccionar el aplicador del Derecho cuando el sistema jurídico es substancialmente irracional? ¿Qué condiciones relacionales hacen desmesurada una conducta malvada? ¿Qué cortes deben darse a fin de que una estrategia de maximización de ventajas merezca el reproche de fraude? ¿Qué valor jurídico tienen los estados «de minimis»? ¿En qué momento actúa abusivamente el que solicita lo que le resulta debido? ¿Por qué razón es un paralogismo la prohibición de actos emulativos? ¿Por qué razón la regla de los propios actos no debe cursar como ordinariamente se piensa que cursa? ¿Por qué razón el asociado de una sociedad mercantil está legitimado para la maximización de su ventaja y no la del conjunto? ¿Qué es una regla sobresaturada de motivos? ¿De qué manera se distingue una limitación propia de una limitación circunstanciada? ¿Por qué razón el ejercicio de acciones de nulidad es ordinariamente exagerado? Estas y otras preguntas -muchas de las que jamás apropiadamente elaboradas ya antes- forman el contenido de este ensayo de construcción de teoría jurídica y de prescripción para la praxis del Derecho.

Entre la literatura en castellano sobre Carl Schmitt faltan los estudios destinados a poner en relación las obras de este autor alemán con su contexto histórico para descubrir las opciones políticas que guiaban su menester como pensador y jurista. La presente obra tiene el propósito de contribuir a sustituir esa falta. En ella se examinan las doctrinas schmittianas sobre el derecho, el orden sociopolítico interno y las relaciones internacionales elaboradas en el periodo de madurez intelectual de Schmitt teniendo muy presente el emocionante trasfondo histórico de estas doctrinas: la República de Weimar y el régimen nacionalsocialista. Se quiere rememorar de esta manera exactamente lo que Carl Schmitt fue ante todo: un jurista comprometido con su tiempo al servicio de un concreto proyecto jurídico-político déspota.

En el presente volumen se recogen, en su integridad, los próximos textos legales: - Ley de Alquileres Rústicos de veintiseis de noviembre de dos mil tres. - Ley de Alquileres Rústicos de mil novecientos ochenta. - Ley de Alquileres Rústicos Históricos de mil novecientos noventa y dos. - Ley de Agricultura de Montaña de mil novecientos ochenta y dos. - Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de mil novecientos noventa y cinco. - Ley de Vías Pecuarias de mil novecientos noventa y cinco. - Ley de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales de dos mil. - Ley de sanidad vegetal de dos mil dos. - Ley de sanidad animal de dos mil tres. - Ley de la Viña y del Vino de dos mil tres. - Ley de Montes de dos mil tres. - Ley para el desarrollo sustentable del medio rural de dos mil siete. - Texto refundido de la Ley de Suelo de dos mil ocho. También, se reproducen los preceptos relativos a la materia objeto de esta obra de las reglas siguientes: - Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. - Ley de Seguros Agrarios Combinados. - Ley sobre Fincas descubiertamente mejorables. - Ley de montes vecinales en mano común. Se incluye asimismo, aquella normativa civil, procesal y administrativa que incide particularmente en el campo de los Alquileres Rústicos y la Legislación Agraria, como las reglas de Derecho Civil Foral relativas a esta materia. Completa este libro un extenso índice metódico que facilita su consulta.

En el presente volumen se recogen los textos normativos españoles y de la UE que, en materia de Derecho de la Competencia, se consideran base de su regulación y régimen jurídico aplicable. La obra se estructura de la próxima forma: I. Legislación española: - Ley de Defensa de la Competencia y su reglamento de desarrollo. - Ley de Competencia Infiel. - Comunicaciones de la autoridad de competencia en materia de cálculo de multas, procedimientos de misericordia y control de concentraciones. II. Legislación comunitaria, que contiene abundantes Reglamentos y Comunicaciones sobre: - Exenciones por categoría (limitaciones verticales y horizontales, seguros, trasferencia de tecnología y automóviles de motor). - Procedimiento de aplicación de los arts. ciento uno y ciento dos del TFUE. - Control de concentraciones. - Ayudas de Estado (procedimiento, ayudas horizontales y regionales, trasferencias financieras, empresas públicas, etcétera).

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